ASUMIR RESPONSABILIDADES

Que tanto el PP como el PSOE son cadáveres políticos a los que la ciudadanía, el pueblo, pondrá término con la fuerza de las urnas, es algo que no pasa por alto a cualquier analista político que se precie.

Pero mientras la derecha ha entendido que el fin de la formación conservadora está más o menos cercano y que por tanto, es necesario crear una alternativa que ocupe el espacio político que les está reservado, la izquierda no acaba de asumir el final como alternativa de gobierno, que no de cambio de la sociedad ya que esa opción se dejó perder cuando se tuvo la mejor ocasión que se ha dado en la historia de nuestro país. Lo peor del caso es que la sucesora de la derecha, la sucesora del PP, nace con los mismos defectos.

Mientras la derecha trata de presentar en sociedad la alternativa al PP, el PSOE sigue machaconamente empeñado en ser la fuerza política de futuro. Ni el actual líder de los socialistas españoles, ni ninguno de los que aspiran a sucederle en cuanto las urnas, en el próximo descalabro, le descabalguen, son conscientes de que hay que ofrecer una alternativa real, seria y coherente a los millones de ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria. Los que desean una sociedad donde las diferencias al menos se reduzcan, no se identifican con el PSOE. Es más, las nuevas generaciones no consideran al PSOE como una opción de futuro que responda a sus aspiraciones sociales.

En tanto se aclara la visión de tanto cegato interesado, hay formaciones políticas que deberían tomar la responsabilidad de asumir el cambio hacia una sociedad distinta a la que tenemos. Ya que ni PP ni PSOE son capaces de liderar el cambio social que, cada vez con más fuerza, demandan las nuevas generaciones de ciudadanos a los que se les han limitado por los dos principales partidos de nuestro país los derechos civiles, sociales y económicos, deben coger el volante del vehículo político partidos que, todavía al menos, no están contaminados por el vicio de los que han convertido la política en intereses de grupos frente a los intereses de la ciudadanía.

Son por tanto UPyD e IU, como formaciones minoritarias que aglutinan deseos e ideas de cambios esperados por los españoles, los que deben asumir la responsabilidad de reinventar el modelo político que debería regir en un país libre de ataduras y herencias malolientes y vergonzantes.

Es posible, además de deseable, que el próximo gobierno de nuestro país, tenga que estar formado por más de un partido, es más puede que más de dos formaciones tengan que aportar personas a un futuro gobierno más allá del 2015. Por eso, es ahora cuando debe sellarse el compromiso. Un compromiso honesto en el que prevalezcan única y exclusivamente los intereses de los ciudadanos y no de la clase política.

Tanto IU como UPyD, debería empezar a pensar en la conveniencia de sentarse para elaborar un compromiso sobre unas bases mínimas que, aun en el caso de no ser necesaria la aportación de cualquiera de ellos a un hipotético nuevo gobierno, los compromisos que se adquieran obliguen a cumplir los términos acordados.

El compromiso debería abarcar, al menos, tres áreas: Derechos sociales y económicos, Derechos y libertades públicas y modelo de estado. Por supuesto que acabar con la corrupción sería el paso previo a cualquier medida en las grandes áreas, eso se da por sentado.

La eliminación de la corrupción y la adopción de medidas encaminadas a que no se puedan volver a ver conductas corruptas pasarían, entre otras, por la eliminación de los suplicatorios para los aforados  estableciendo la exigencia de declarar ante la justicia sin el filtro, auténtico muro, ahora establecido. Igualmente la carrera judicial debe ser profesionalizada totalmente sin injerencias de los poderes legislativo ni ejecutivo. La aprobación de una Ley de transparencia eficaz que regule las subvenciones a partidos políticos y con responsabilidades penales, ayudaría a la tarea. También es necesario clarificar, sin ambigüedades ni posibilidad de trochas que desvíen el sendero, la financiación de los partidos y adaptarla a las nuevas situaciones. La Ley de contratos con las administraciones públicas debe prohibir conceder contratos durante 4 años a personas, entidades, empresas, corporaciones, etc. que hagan donaciones a formaciones políticas.

Habría que acometer una reforma a fondo de la Ley Electoral, cuando no la defenestración de la actual. La nueva Ley Electoral debería regular el sueldo de los representantes elegidos en todos los ámbitos de la vida pública sin que en ningún caso fuera superior al establecido para el funcionario de más nivel de la correspondiente administración. También se debería regular con las máximas garantías como nueva figura jurídica, el Contrato Electoral con las obligaciones y responsabilidades que acarrea un contrato.

Sería necesario que la representación electoral fuera proporcional, que la circunscripción electoral tuviera otro contenido más real y adecuado a la población de cada provincia, sería preciso introducir listas abiertas en los procesos electorales municipales al menos, etc. De vital importancia el planteamiento de la eliminación del senado y la reducción al menos en un 50% de las Asambleas Autonómicas. Al igual que el establecimiento de medidas para los representantes elegidos como por ejemplo, vales de viajes en clase turista, alojamiento en residencias oficiales, etc. Se debería establecer un máximo 2 mandatos para cargos públicos: alcaldes, presidentes de gobiernos… La eliminación de las diputaciones.

Habría que acometer la suspensión del sistema de EREs a las empresas. Es imprescindible emprender una contrarreforma laboral que devuelva la normalidad a las relaciones laborales dando el papel que corresponde a los distintos agentes sociales sin que ningún otro estamento deba inmiscuirse en terrenos que son propios a ellos.

La defensa real y efectiva del sistema público de pensiones, de seguridad social y de educación deben estar entre las prioridades del acuerdo, al igual que el  establecimiento de precios públicos para luz, agua, transporte y productos básicos de alimentación. La modificación de la ley Hipotecaria que elimine los abusos de la banca y la política de usura. Y por supuesto la no intromisión de la UE, imponiendo reformas a España, en asuntos internos de nuestro país como ha tomado por hábito algún que otro dirigente europeo.

Se debe exigir la devolución de los préstamos bancarios recibidos por la banca, o bien que el parque de viviendas propiedad de la banca pase a ser propiedad pública, saldando así la deuda de los bancos con los ciudadanos, para ofertarlo como viviendas sociales en alquiler. Es urgente regular las inversiones extranjeras a fin de no dejar en manos foráneas la riqueza de nuestro país.

Se podrían enumerar muchas más líneas de actuación a recoger en ese acuerdo, pero al menos, como decimos, que los en tres grandes ámbitos (social, económico y administrativo) se acometan reformas profundas y sin vuelta atrás posible para garantizar los derechos de la inmensa mayoría.

Nino Granadero