ASUMIR RESPONSABILIDADES

Que tanto el PP como el PSOE son cadáveres políticos a los que la ciudadanía, el pueblo, pondrá término con la fuerza de las urnas, es algo que no pasa por alto a cualquier analista político que se precie.

Pero mientras la derecha ha entendido que el fin de la formación conservadora está más o menos cercano y que por tanto, es necesario crear una alternativa que ocupe el espacio político que les está reservado, la izquierda no acaba de asumir el final como alternativa de gobierno, que no de cambio de la sociedad ya que esa opción se dejó perder cuando se tuvo la mejor ocasión que se ha dado en la historia de nuestro país. Lo peor del caso es que la sucesora de la derecha, la sucesora del PP, nace con los mismos defectos.

Mientras la derecha trata de presentar en sociedad la alternativa al PP, el PSOE sigue machaconamente empeñado en ser la fuerza política de futuro. Ni el actual líder de los socialistas españoles, ni ninguno de los que aspiran a sucederle en cuanto las urnas, en el próximo descalabro, le descabalguen, son conscientes de que hay que ofrecer una alternativa real, seria y coherente a los millones de ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria. Los que desean una sociedad donde las diferencias al menos se reduzcan, no se identifican con el PSOE. Es más, las nuevas generaciones no consideran al PSOE como una opción de futuro que responda a sus aspiraciones sociales.

En tanto se aclara la visión de tanto cegato interesado, hay formaciones políticas que deberían tomar la responsabilidad de asumir el cambio hacia una sociedad distinta a la que tenemos. Ya que ni PP ni PSOE son capaces de liderar el cambio social que, cada vez con más fuerza, demandan las nuevas generaciones de ciudadanos a los que se les han limitado por los dos principales partidos de nuestro país los derechos civiles, sociales y económicos, deben coger el volante del vehículo político partidos que, todavía al menos, no están contaminados por el vicio de los que han convertido la política en intereses de grupos frente a los intereses de la ciudadanía.

Son por tanto UPyD e IU, como formaciones minoritarias que aglutinan deseos e ideas de cambios esperados por los españoles, los que deben asumir la responsabilidad de reinventar el modelo político que debería regir en un país libre de ataduras y herencias malolientes y vergonzantes.

Es posible, además de deseable, que el próximo gobierno de nuestro país, tenga que estar formado por más de un partido, es más puede que más de dos formaciones tengan que aportar personas a un futuro gobierno más allá del 2015. Por eso, es ahora cuando debe sellarse el compromiso. Un compromiso honesto en el que prevalezcan única y exclusivamente los intereses de los ciudadanos y no de la clase política.

Tanto IU como UPyD, debería empezar a pensar en la conveniencia de sentarse para elaborar un compromiso sobre unas bases mínimas que, aun en el caso de no ser necesaria la aportación de cualquiera de ellos a un hipotético nuevo gobierno, los compromisos que se adquieran obliguen a cumplir los términos acordados.

El compromiso debería abarcar, al menos, tres áreas: Derechos sociales y económicos, Derechos y libertades públicas y modelo de estado. Por supuesto que acabar con la corrupción sería el paso previo a cualquier medida en las grandes áreas, eso se da por sentado.

La eliminación de la corrupción y la adopción de medidas encaminadas a que no se puedan volver a ver conductas corruptas pasarían, entre otras, por la eliminación de los suplicatorios para los aforados  estableciendo la exigencia de declarar ante la justicia sin el filtro, auténtico muro, ahora establecido. Igualmente la carrera judicial debe ser profesionalizada totalmente sin injerencias de los poderes legislativo ni ejecutivo. La aprobación de una Ley de transparencia eficaz que regule las subvenciones a partidos políticos y con responsabilidades penales, ayudaría a la tarea. También es necesario clarificar, sin ambigüedades ni posibilidad de trochas que desvíen el sendero, la financiación de los partidos y adaptarla a las nuevas situaciones. La Ley de contratos con las administraciones públicas debe prohibir conceder contratos durante 4 años a personas, entidades, empresas, corporaciones, etc. que hagan donaciones a formaciones políticas.

Habría que acometer una reforma a fondo de la Ley Electoral, cuando no la defenestración de la actual. La nueva Ley Electoral debería regular el sueldo de los representantes elegidos en todos los ámbitos de la vida pública sin que en ningún caso fuera superior al establecido para el funcionario de más nivel de la correspondiente administración. También se debería regular con las máximas garantías como nueva figura jurídica, el Contrato Electoral con las obligaciones y responsabilidades que acarrea un contrato.

Sería necesario que la representación electoral fuera proporcional, que la circunscripción electoral tuviera otro contenido más real y adecuado a la población de cada provincia, sería preciso introducir listas abiertas en los procesos electorales municipales al menos, etc. De vital importancia el planteamiento de la eliminación del senado y la reducción al menos en un 50% de las Asambleas Autonómicas. Al igual que el establecimiento de medidas para los representantes elegidos como por ejemplo, vales de viajes en clase turista, alojamiento en residencias oficiales, etc. Se debería establecer un máximo 2 mandatos para cargos públicos: alcaldes, presidentes de gobiernos… La eliminación de las diputaciones.

Habría que acometer la suspensión del sistema de EREs a las empresas. Es imprescindible emprender una contrarreforma laboral que devuelva la normalidad a las relaciones laborales dando el papel que corresponde a los distintos agentes sociales sin que ningún otro estamento deba inmiscuirse en terrenos que son propios a ellos.

La defensa real y efectiva del sistema público de pensiones, de seguridad social y de educación deben estar entre las prioridades del acuerdo, al igual que el  establecimiento de precios públicos para luz, agua, transporte y productos básicos de alimentación. La modificación de la ley Hipotecaria que elimine los abusos de la banca y la política de usura. Y por supuesto la no intromisión de la UE, imponiendo reformas a España, en asuntos internos de nuestro país como ha tomado por hábito algún que otro dirigente europeo.

Se debe exigir la devolución de los préstamos bancarios recibidos por la banca, o bien que el parque de viviendas propiedad de la banca pase a ser propiedad pública, saldando así la deuda de los bancos con los ciudadanos, para ofertarlo como viviendas sociales en alquiler. Es urgente regular las inversiones extranjeras a fin de no dejar en manos foráneas la riqueza de nuestro país.

Se podrían enumerar muchas más líneas de actuación a recoger en ese acuerdo, pero al menos, como decimos, que los en tres grandes ámbitos (social, económico y administrativo) se acometan reformas profundas y sin vuelta atrás posible para garantizar los derechos de la inmensa mayoría.

Nino Granadero

SÚBDITOS A SECAS

El cinismo se ha asentado en los territorios de las españas. (Ponemos intencionadamente el nombre de nuestro país con minúscula y al final de nuestra exposición se comprenderá por qué).

Los granujas que se han adueñado de los sillones que, confiadamente, pensábamos los ciudadanos que eran para representarnos, para defender los derechos de la ciudadanía de este país, para que nos sintiéramos orgullosos de los elegidos por nosotros, para que tuviéramos esperanzas de un horizonte de vida más elevado, para que nos sintiéramos orgullosos de pertenecer a un gran país.

Se está haciendo lo contrario: pisotear una y otra vez la dignidad y los derechos de los españoles. Se pisotea a los vecinos de este solar llamado España. Se pisotea la decencia de los habitantes de la piel de toro cuando se les traiciona y se adoptan medidas que no sólo perjudican a la mayoría sino que además beneficia, de forma infame, a unos pocos.

Se reducen derechos: a la educación libre, de calidad y gratuita, a una sanidad decente y universal, a las libertades públicas consagradas en nuestra Carta Magna, al derecho a la justicia, a los derechos de los trabajadores conseguidos, con muchos esfuerzos y sacrificios, a través de muchos, muchísimos años, a ser escuchados por los estamentos públicos, al derecho a una vivienda digna, al derecho, que como personas honradas y trabajadoras, nos pertenece de motu propio: ser felices.

Este gobierno nos hace desgraciados, nos hace estar amargados, nos hace sentirnos impotentes, nos hace creernos fracasados. Nos está quitando hasta la capacidad de reacción. Nos secuestra el derecho a ser informados de forma libre y veraz. Este gobierno, de la forma más infame, nos está robando hasta la dignidad a la que como personas y ciudadanos tenemos derecho.

Cada vez con más descaro se dedican a beneficiar a sus amigos, a los grandes capitales, a los poderosos poderes fácticos que siguen existiendo, ahora con más fuerza, en nuestro país. Se controlan los medios de comunicación para que no aireen la basura que acumulan y, cuando alguno de estos medios saca los pies del plato, se hace la pertinente llamada para cesar al responsable y colocar el que convenga a “don poderoso caballero”. Los ceses de los directores de renombrados rotativos han sido tan descarados que no admiten interpretaciones, ¡ha sido un golpe sobre la mesa para dejar claro quién manda!.

No interesa ni es bueno que se diga que hay corruptos en este país, ni que se suicidan cientos de personas porque les quitan de forma injusta aunque legal, eso sí, el techo que les cobijaba y la desesperación les hacen buscar el camino corto. Se echan a jueces que estorban por mantener una postura honrada y legal, se ocultan protestas de los ciudadanos para evitar que se generalicen, se presentan imágenes falsas para desacreditar los movimientos de vecinos contra las tropelías de un alcalde…

Mientras, algunos viven en un mundo que se han creado ellos mismos para su exclusivo disfrute. Usan los dineros públicos de acuerdo con una ley dictada por ellos para justificar lo injustificable, mangonean y ningunean a los ciudadanos… Nos han hecho pasar de ciudadanos a súbditos.

Estamos ante una auténtica casta de corruptos (presuntos queremos decir, no sea que…) y por ello tenemos que tomar una determinación tajante: Hay que echar a esta casta de politicastros que hacen que nos tengamos que tapar la nariz para no oler el perfume de las cloacas.  ¡Hay que echarlos!.

Nino Granadero

¿POR DONDE EMPIEZO?

Son tantas las cosas que están ocurriendo, que me pierdo en un  laberinto de injusticias a las que nos tiene sometidas  este gobierno de las Españas.  Si los toros y el fútbol fueron  elementos para distraer conciencias, pensamientos y acciones en tiempos pasados, hoy nos trae el gobierno de Rajoy, aparte de sus mentiras e incumplimiento, otros ampliados y distintos para distraer la atención de los problemas reales que nos aquejan. Los bufones del presidente se inventan circos con entradas gratuitas para que el público entre en masa al espectáculo de las distracciones y así, éstos, se inventan leyes innecesarias, por superadas, para que la plebe entre en su discusión y deje a un lado lo que realmente importa.

Y así, entrando al trapo, entro en uno de esos circos, que nada tiene que ver con lo que las Españas necesita, para convertirme en “tertuliano”, aún a sabiendas que de nada sirve mi intervención sino para hacer de monigote al bufón de turno. Me refiero a la nueva ley sobre el aborto que pretende llevar a cabo el de las cejas anchas. Hacer el juego al juego… de la distracción y de la hipocresía. Si el fuego se apagó en su día, ¿por qué volverlo a encender? Interesa a los poderosos.

De por si, se sabe que el aborto es un fracaso y la decisión de hacerlo, un drama para quien tiene la responsabilidad de tomarla. No es plato de buen gusto tanto para la mujer como para el hombre el afrontarlo, por lo tanto, cuando ocurre, se hace con dolor y no por capricho.

 La historia del aborto nace con el hombre, sin duda alguna,  y según  las culturas, los poderes y las religiones, así se acomete a lo largo de los tiempos. Por ejemplo,  en  la antigua Grecia, Aristóteles, en su libro “La Política” destacó que se puede autorizar el aborto para el control de la población y Platón también aconsejó el aborto para evitar la superpoblación. En la Roma republicana el aborto voluntario de la embarazada no se tenía por delito. Se consideraba al feto como “partio vicerum matris”, así que si la mujer abortaba no hacía más que disponer de su cuerpo. Es con la llegada del cristianismo cuando se cambia de actitud frente al aborto y dice que a partir de la fecundación ya hay vida humana y por lo tanto, considera el aborto como un asesinato.

Estas consideraciones históricas, muestra que en muy pocas ocasiones el aborto era considerado como un homicidio y es el cristianismo quien impone esta idea.

A partir de esta última imposición de idea es cuando se empieza a preguntar en qué momento del ciclo del embarazo comienza la vida humana.  Sobre el particular hay diferentes opiniones encontradas e interesadas.

La Iglesia Católica admitía que el feto no era ser humano con alma hasta, al menos, 40 días después de la concepción.

“La vida humana es un  proceso en diferentes estadios. Si bien el cigoto, el embrión y el feto son organismos vivos, el ser humano formado solo existe cuando concluye el proceso de gestación: el feto es una realidad que depende de la madre”.

El Estado español, laico, tiene resuelto este problema y sus ciudadanos, en su mayoría, asumen esa resolución, pero he aquí que de buenas a primeras, para meter palitos en candela,… viene el bufón de las cejas anchas a incordiar, para desviar la atención del desastre de sus gobernanzas, con el asunto del aborto. Por favor, ¿en qué  país vivimos?

Es verdad, y eso lo saben, le duelen, lo sienten, lo padecen las mujeres,  que abortar es, con toda seguridad, lo último que se plantean ellas. Sus entrañas se desgarran en esa decisión dolorosa. Las mujeres no desean, no quieren abortar así porque sí. No es verdad que lo quieran y cuando lo hacen, son bajo circunstancias muy especiales. Sus conciencias, cuando toman esa decisión, no están llenas de culpas ni de juicios sin conocimiento exacto de causa, al contrario. Es injusto que las acusemos de hechos a los que están abocadas por circunstancias no deseadas por ellas. ¿Quién es quién para acusarlas? ¿Quién es quién para obligarlas a parir un ser que luego, en la realidad, la sociedad hipócrita le da la espalda y los gobernantes que hicieron las leyes para que así fuera, las abandonen a su suerte, dejándolas morir en vida lentamente, bajo un calvario, por la falta de asistencia?.

Bufón de las cejas anchas, cree, haga, promulgue leyes a mansalva para ayudar a aquellas criaturas humanas que con sus leyes obligaron a nacer, que no a vivir, para que su tránsito de vida sea digna, incluso, en el sufrimiento, y entonces entenderé que, de verdad,  apuesta por la vida  y merecerá que deje de llamarle bufón  para decirle de usted.

Mientras tanto, deje a las madres ser madres, en su libertad, que ellas tienen las sabidurías que a usted y a mí nos faltan, por ser ellas quienes son.

La naturaleza, que es sabia no necesita de religiones porque sabe que en nombre de éstas ha habido muchos muertos, y sin embargo, ella, resplandece todos los días.

Y la Naturaleza se manifiesta con todos su esplendor en las mañana de todos los tiempos.

Simón Candón 18/02/2014

¿ES LA JUSTICIA APOLÍTICA?

 

Cuando aparecen estas noticias en los medios de comunicación, Diario 16 del 12 de Febrero de 2014: “España Caso Gürtel: la Audiencia Nacional rechaza que las escuchas de Garzón contaminaran la causa y desestima su nulidad”, somos muchos los españolitos de a pié a los que nos surgen dudas, más que razonables, sobre la imparcialidad de la justicia.

 

Muchos de nosotros, cuando vemos que se expulsa a un juez de la carrera judicial por unos hechos que ahora, al cabo del tiempo, la misma justicia, en este caso la Audiencia Nacional, considera ajustados a derecho, es decir, que las escuchas fueron legales, nos hacemos la pregunta de si no estará demasiado politizada la Justicia en España. Es más pensamos que no debería estar NADA politizada.

 

Ya va siendo hora de que la carrera judicial se ajuste a los mismos parámetros de la carrera profesional del resto de los funcionarios. Es decir, oposiciones para ingresar y concurso de méritos para ir accediendo a los distintos destinos. ¡Y punto pelota!. Esa es la única forma de mantener la imparcialidad y la no politización de la justicia.

 

Los jueces acceden a la carrera judicial, es decir al empleo de jueces, por oposiciones. El problema se plantea cuando a determinados destinos se accede, o se puede acceder, por designación de órganos que nada tienen que ver con la justicia, o al menos no deberían tener nada que ver. Viceversa: Congreso, Gobierno, etc. Si los jueces accedieran a sus distintos destinos, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE, a través de un concurso de méritos otro gallo cantaría. En ese caso dejarían de tener que agradecer a nadie el puesto que ocupan. Y no es que dudemos de la honradez de los jueces, lo que dudamos es de la rectitud del procedimiento.

 

El Juez Garzón, del que en varias ocasiones hemos dicho que no es precisamente santo de nuestra devoción, fue expulsado de la carrera judicial por las escuchas ilegales en el caso Gürtel. Se probó, eso dijeron los tribunales de justicia, que había prevaricado. Ahora la Audiencia Nacional dice que las escuchas fueron legales. ¿En qué quedamos?.

 

En buena lógica a Baltasar Garzón le cabría la posibilidad de pedir su reingreso en la carrera judicial. No pensamos que lo vaya a hacer y tampoco se lo aconsejamos porque es posible que tenga algún que otro “enemigo” con la caña preparada si vuelve a colocarse la toga de magistrado.

 

En el supuesto de que pidiera el reingreso, ¿quién pagaría los salarios desde el momento que fue despeñado hasta su reincorporación? Ya, ya sabemos que es el Estado el que paga los platos rotos. Si tuvieran que ser los jueces que lo condenaron los que tuvieran que abonar las nóminas atrasadas de su bolsillo, estamos seguros que, para las sentencias futuras, sería tenida en cuenta la medida.

 

Si los jueces tuvieran responsabilidad civil, además de la penal, se pensarían en adoptar lo que a todas luces ha sido una sentencia politizada. Y estamos en nuestro derecho a criticar, como hicimos en su día, la resolución de un tribunal. Otra cuestión es que estemos obligados a acatar las sentencias, que no nos queda otra. Porque lo que no queremos pensar es que la corrupción ha llegado también a los tribunales; eso sería lo último, el final del Estado de Derecho.

Nino Granadero

 

LAS DOS VARAS

Recurrir a las dos varas de medir es algo socorrido en muchos casos. En este que nos ocupa desde luego no lo es sino que, al contrario de lo que se pudiera pensar, es la lógica de los hechos la que hace llegar a ese punto.

Y viene a colación el tema cuando el preclaro Floriano, nada menos que vicesecretario del PP, pone en tela de juicio la sentencia sobre el escrache sufrido por la Vicepresidente del Gobierno doña Soraya Sáez de Santamaría (por cierto un tanto apagadilla en los últimos meses). "Sencillamente no entiendo por qué tiene que estar legitimado que te puedan rodear tu casa, que te puedan insultar o amenazar, por qué está legitimado que yendo por la calle te rodeen y te griten, que se ejerza esa violencia verbal que algunos dicen que no es, pero cuando a uno le insultan no sé como llamar a eso". Ha sido uno de sus comentarios a raíz de la sentencia.

Flaca la memoria de don Carlos. A otros líderes de su partido cuando eran otros los que gobernaban, les parecía muy bien que los ciudadanos se expresaran con total libertad. Para muestra un botón: en la celebración del día de las Fuerzas Armadas Españolas, siendo Presidente nuestro “amado” Rodríguez Zapatero, fue abucheado por una parte significativa del público asistente al acto. El comentario de doña Esperanza Aguirre, entonces miembro de la dirección conservadora y Presidente de la Comunidad de Madrid, dijo que era un derecho que tenían los ciudadanos y que para eso estábamos en democracia. Para ella que una persona, nos guste más o menos, que representa al conjunto de la ciudadanía no tiene, no tenía en aquellos momentos, que ser respetado en un acto institucional, es decir actuando como Presidente de la Nación. Esas palabras no fueron desautorizadas, ni tan siquiera matizadas, por nadie de la cúpula del PP.

Ahora, cuando las cañas se tornan lanzas, el ínclito Floriano se enfada y arremete contra lo que estima el juez que es un derecho ciudadano de manifestación y uso de la vía pública. “El único elemento de observancia inexcusable del derecho de manifestación en la vía pública es que la misma sea pacífica” (Se dice por el Tribunal). Lo que ocurre es que la parte ancha del embudo para el dirigente popular sólo vale para él y sus correligionarios. Da la impresión de que todavía resuena en su mente el exabrupto del fundador popular, ya desaparecido, don Manuel Fraga Iribarne “La calle es mía”. ¡Pues eso!.

Parece que les molesta que la gente, los ciudadanos que tienen sus derechos aunque les pese a muchos gobernantes, protesten y se sientan defraudados por el tancredismo de don Mariano y sus secuaces.

Me viene  a la mente la imagen de la primera vez que vi al Sr. Zoido, alcalde de Sevilla. Estaba rodeado de su particular corte y mirando a todos lados, cual diminuto pavo real necesitado de adulación. Lo único que hacía era comprobar que la gente lo miraba para elevar su autoestima. Eso mismo es lo que hace don Mariano mirar a todos lados y no tomar decisión ninguna. Y cuando la toma lo hace mal y tarde, o sea que mejor que se quede inmóvil.

Aquí nuestros mandamases obedecen las órdenes de la Sra. Mérkel y sus apóstoles. ¿Qué hay que poner contra las cuerdas todo bicho viviente?, ningún problema: ¡apretar las tuercas a todo lo que se mueva y listo!. ¿Qué ahora la Sra. Mérkel decide hacer lo contrario en su país?, ¡ni se comenta!. Y el argumento tan manido como falso de que Alemania es la que mantiene la Unión Europea no vale. Ese argumento es una mentira total y absoluta, y lo decimos sin rodeos. Los presupuestos de la U.E. se nutren en el 60% de su montante, con la recaudación del IVA y nosotros, junto a otros países entre los que no están ni Alemania ni Francia, somos los que tenemos el IVA más alto. O sea que en España es en uno de los países donde más se recauda. ¿Se entiende?. Pues nuestros gobernantes, no hago distingos, tienen la cobarde actitud de no denunciar esto.

Por el contrario don Mariano da una nueva muestra de su talante democrático ordenando callar al líder de la oposición (que por cierto no goza de nuestras simpatías). No se acostumbra don Mariano a vivir en democracia: ordena callar y obedecer. No entiende que alguien pueda contestarle y llevarle la contraria sino que “reconozca que las cosas se están haciendo bien”. Pues eso que usted está haciendo bien las cosas, don Mariano, dígaselo al millón largo de nuevos parados de los últimos dos años.

¡Claro que de seguir así, va a tener la culpa de todo Viriato!. 

Nino Granadero